El impuesto incrementaría la carga tributaria y administrativa, además de desincentivar a los pequeños vendedores y prestadores de servicios.

 

 

ALAI logoLa Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) externó su postura sobre la propuesta para establecer un impuesto cedular a plataformas digitales en el estado de Guanajuato, mediante una carta dirigida a su gobernador, Diego Sinhue Rodríguez.

 

En ella se refirió a la “Iniciativa de Decreto a fin de reformar, adicionar y derogar diversos artículos de la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato y la Ley de Ingresos del Estado de Guanajuato para el ejercicio de 2021”, señalando que resultarían afectadas las personas físicas con actividad empresarial y las pequeñas y medianas empresas (PyMES) en el Estado que enajenan bienes o prestan servicios a través de internet, mediante plataformas tecnológicas. 

 

Tanto las personas físicas como las PyMES dependen de la economía digital para crecer y generar empleos, por lo tanto, este impuesto las afectaría al igual que a las personas que dependen y transaccionan a través de ellas. Es un impuesto que discrimina entre el comercio tradicional y el comercio en línea, y afecta el principio de equidad tributaria”, señaló Sissi de la Peña, Gerente de comercio digital y organismos internacionales de la ALAI y firmante de la carta. 

 

En un contexto como el actual, de crisis económica derivada por la pandemia de COVID-19, “miles de personas han encontrado en las plataformas tecnológicas un aliado y herramientas fundamentales para obtener un ingreso, impulsar sus negocios y continuar sus operaciones”, señala la carta. Al respecto, menciona que 57% de las PyME´s que utilizan plataformas digitales para su negocio, han logrado mantener a sus empleados durante la pandemia, 6% de ellas aumentó su número de colaboradores y cada persona que utiliza plataformas tecnológicas para comercializar u ofrecer servicios emplea en promedio a 6 personas.

 

¿Qué significa el impuesto cedular para las personas y PyMES de Guanajuato?

 

Los impuestos cedulares han representado anteriormente complejidades y retos para los contribuyentes por lo acotado de su aplicación y por falta de reglas particulares que abarquen los diversos casos que podrían presentarse. 

 

En el caso de Guanajuato, la ALAI señala que “el importe de las retenciones que deban efectuar las plataformas siempre será mayor al impuesto que debe pagar el contribuyente, ya que la retención se calcula sobre una base de ventas brutas y el impuesto se paga sobre la ganancia. Lo cual generaría una afectación en el flujo de efectivo para los emprendedores y PyMES”.  Es decir, el impuesto incrementaría la carga tributaria y administrativa, además de desincentivar a los pequeños vendedores y prestadores de servicios. Cabe destacar que Guanajuato ha sido ejemplo nacional del impulso de una política empresarial de emprendimiento que ha abonado al desarrollo económico del Estado; siendo esta iniciativa contraria a este objetivo al fungir como una barrera de entrada a la adopción tecnológica que desincentivará el uso de plataformas de comercio electrónico de bienes y servicios digitales. 

 

Además, de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la doble tributación resulta inconstitucional si resulta gravosa o ruinosa, lo cual podría ser el caso para algunas personas físicas al implementarse dicho impuesto en el Estado. 

 

Las Leyes del IVA e ISR para establecer la posibilidad de que se impongan impuestos cedulares de entre 2% y 5% toman en cuenta las tasas regulares (16% de IVA y hasta 35% de ISR). Sin embargo, las personas físicas que enajenan bienes o prestan servicios a través de plataformas digitales cuentan con un régimen especial cuyas tasas son menores. Esta iniciativa, entonces, vulnera los principios de proporcionalidad y equidad tributaria al generar una tasa duplicada por el mismo ingreso”, explica De la Peña. 

 

Desde la ALAI queremos enfatizar que ni la Asociación ni sus miembros están en contra de pagar impuestos. Sin embargo, queremos destacar que la aplicación de un impuesto como este perjudicaría a la economía estatal. Recordemos que la economía digital brinda la oportunidad a miles de personas de emprender y autoemplearse y ha demostrado ser un motor del desarrollo económico del país al promover la economía formal y disminuir el comercio informal en el cual es imposible la trazabilidad de los ingresos y la recaudación. Hacemos un llamado para que las autoridades reconsideren dicha iniciativa en beneficio de sus ciudadanos y sus finanzas”, concluyó De la Peña.