En México se desarrolla de manera activa un proyecto federal de ley respecto a la identidad y ciudadanía digital; legisladores, analistas, especialistas y organismos civiles diseñan en conjunto el plan para acelerar la transición a una identidad digital confiable y certera.
La pandemia por COVID-19 puso a prueba a todas las naciones. Las medidas de distanciamiento social para reducir los brotes mostraron la importancia de la digitalización: teletrabajo, comercio electrónico, educación a distancia, trámites y pagos en línea, y más. A la vez, evidenció la inequidad y las profundas desigualdades existentes entre los habitantes.
El mundo se transformó, no hay vuelta atrás. Habilitar medidas que reduzcan al mínimo el contacto físico son urgentes e inevitables; hablemos, por ejemplo, de los servicios bancarios. Actualmente, la mayoría de las instituciones solicita una identificación oficial o certificado de nacimiento para abrir una cuenta y, además, ese trámite requiere de ir a la sucursal física. Lo mismo ocurre con la firma de contratos o el alta de una empresa, donde solicitan múltiples documentos físicos para su realización; igualmente, para acceder a los beneficios de un programa de asistencia social, de empleo o servicios de salud.
En el estado actual, los grupos más vulnerables son los más afectados: mil millones de personas en el mundo carecen de una identidad oficial[1]. Lo que les impide acceder a sistemas financieros o servicios sociales, de salud. En México, esa es la realidad de cinco millones de personas[2].
No contar con un documento oficial de identificación es una de las principales razones por las que alguien no tiene una cuenta bancaria. Justamente, esa invisibilidad coarta sus oportunidades a una mejor vida; los excluye.
Desatar una economía digital incluyente y participativa inicia con la creación de una identidad digital. No podemos avanzar en la inclusión financiera, el comercio electrónico, en la educación; mientras esas personas no existan ni en el mundo físico ni el virtual. Recordemos que la identidad acredita quienes somos y es un derecho humano.
Sobra decir que es alentador que en México se desarrolla de manera activa un proyecto federal de ley respecto a la identidad y ciudadanía digital; legisladores, analistas, especialistas y organismos civiles diseñan en conjunto el plan para acelerar la transición a una identidad digital confiable y certera.
Esto tiene implicaciones importantes para usted y para mí, pero es un proyecto transformador para los 5 millones de personas en nuestro México que en el siglo 21 no pueden acreditar su identidad.
Para poner esto en perspectiva, al contar con un respaldo del gobierno federal se garantiza que esa data hará uso de sistemas de verificación y de resguardo seguros de nuestros datos en línea; de políticas y lineamientos que den certeza jurídica.
Algunas naciones ya han logrado esta transición, con el liderazgo de sus gobiernos, pero el camino no ha sido fácil para ninguna nación. México no es la excepción. De hecho, la identidad digital nacional es un tema que se ha venido desarrollando durante más de dos décadas, pero que aún no ha logrado concretarse. Justamente, porque uno de los retos a superar es contar con un método de verificación confiable, que garantice que la persona es realmente esa persona; reduciendo al mínimo la suplantación de la identidad.
Existen a nivel global marcos de referencias, uno de los más importantes es la iniciativa que el Banco Mundial lanzó en 2014, ‘Identification for Development Initiative' (ID4D), cuyo objetivo principal es impulsar y ayudar a que todos los individuos cuenten con una identidad digital a través de la difusión de las mejores prácticas aplicadas en los sistemas de identificación digital y registro civil en distintos países.
En México, tenemos un organismo de la sociedad civil dedicado a fomentar la aceptación y confianza en la Identidad Digital: la Asociación de Identidad Digital de México (IDMX)[3]. Está Asociación Civil Sin Fines de Lucro nació en mayo de 2019 y está integrada por organizaciones e individuos interesados en promover proyectos e iniciativas que involucren el uso de identidades digitales y ayuden a la formación de un ecosistema de Identidad Digital que beneficie a gobiernos, empresas, academia, sociedad civil y al público en general.
En la última década, cada vez más países introdujeron o mejoraron sus sistemas de identidad digital o modernizaron los servicios de registro civil. Y los beneficios resultan significativos, especialmente, para cerrar la brecha de la inclusión financiera y en el fortalecimiento de las oportunidades económicas, de salud, educación, de servicios financieros y acceso a servicios públicos para todos.
En este sentido, la tecnología ha sido un gran aliado para países con avanzados sistemas de identidad digital legal como Singapur o Estonia[4], pero también ha aportado valor a países emergentes como Pakistán, India, Argentina, Perú y Sudáfrica, entre otros[5].
Es importante señalar también, otros de los valores que trae consigo un sistema de identidad digital implementado bajo los principios de inclusión. De acuerdo con una reciente publicación de la consultora McKinsey[6], los países verán ahorros de costos en la distribución de subvenciones; reducción en fraudes; aumento de las ventas de bienes y servicios; una mayor productividad laboral y un aumento en los ingresos fiscales.
Los sistemas de identidad digital aumentan la capacidad de las autoridades y de las empresas; también su alcance e impacto, ya que habilitan una distribución de recursos más eficiente y directa. Ejemplo de ello, fue Filipinas[7]; donde 70% de los hogares recibió transferencias de emergencia para hacer frente a la pandemia. Habilitar los pagos de gobiernos a personas (G2P, Government-to-Person) se logra más rápidamente en países con sistemas de identidad digital nacional.
Lo que queda claro es que la identidad digital y los sistemas de acceso son elementos fundamentales de nuestro futuro digital compartido. Estas iniciativas, ofrecen enormes oportunidades y beneficios para las personas, incluyendo quienes no tienen una identificación formal. Pero, su valor potencial se extiende a diversos beneficios que generan valor a nuestra sociedad y economía. Por todo lo anterior, considero que es un honor formar parte de esta gran iniciativa para acelerar el acceso a la identidad digital para todos los mexicanos.
[1] Banco Mundial. 2018. The Global Identification Challenge: Who are the 1 billion people without proof of identity?
[2] INEGI. 2019. Comunicado de prensa. Seis de cada 10 personas sin registro en el país.
[3] IDMX Blog. 2019. Inicia actividades la Asociación de Identidad Digital en México #IDMX.
[4] Goede, M. 2019. E-Estonia: The government cases of Estonia, Singapore and Curaҫao.
[5] ID4D. 2018. Identification For Development ID4D 2018 Annual Report
[6] Mckinsey Global Institute. 2019. Digital Identification. A key to inclusive growth.
[7] Banco Mundial. 2020. Responding to crisis with digital payments for social protection: Short-term measures with long-term benefits.